JNE: FISCALIZADOR CONFUSO

Columnistas | 15-02-2011 | Javier Torres

JNE: FISCALIZADOR CONFUSO

El JuradoNacional de Elecciones (JNE) ha decidido ejercer una mayor fiscalización de las empresas e institutos de opinión pública, respondiendo al pedido de quienes andan rezagados en las encuestas. Para ello ha dispuesto que estas entreguen los domicilios, nombres y número de documento de identidad de los encuestados. Esta norma es injustificada ya que el JNE ha dispuesto su personal y presupuesto para otras tareas más importantes, y afecta la credibilidad y neutralidad del máximo ente electoral.

Está claro que una encuesta hecha bajo las nuevas reglas que plantea el JNE resultará inviable. En primer lugar porque violaría la privacidad de las opiniones que los ciudadanos damos a la encuestadoras, y que no tienen por qué caer en manos de algún burócrata improvisado para tal misión; y en segundo lugar, porque condicionará las respuestas en un país donde la desconfianza es muy grande.

Como resulta obvio, es imposible que se pueda dedicar personal y tiempo a esta nueva tarea debido a que no cuenta con los recursos para tal fin, hecho que fue reconocido hace pocos días por el presidente del JNE, doctor Hugo Sivina. Siendo así, la pregunta cae por su propio peso: ¿Para qué se ha dado la norma? La única respuesta posible es impedir que se realicen nuevos sondeos, ya que ninguna encuestadora seria aceptará entregar la información que el JNE exige.

Uno de los primeros en saludar la norma ha sido el congresista Aurelio Pastor que desde diciembre del 2010 venía reclamándola con la habitual acusación de que las encuestadoras responden a intereses particulares, y justificando su necesidad bajo el argumento que “las encuestadoras ‘acreditadas’ han demostrado, a lo largo de los últimos procesos electorales, estar bastante lejos de la correcta predicción electoral”. Lamentablemente Pastor no ha entendi’o aún -ni le interesa saber- que las encuestas son ‘fotos del momento’ y no ‘predicciones”.

Si el JNE tiene interés en fiscalizar el proceso, debería concentrarse en temas más relevantes como el financiamiento de las campañas y los posibles vínculos de estas con el narcotráfico, así como las incongruencias en las declaraciones de gastos de campaña, donde se proyectan montos mucho menores de lo que realmente se gasta o no se declaran aportes como los $5000 dólares que el Presidente García se ha visto obligado a devolver. Pero antes que nada, y para que no le perdamos la confianza, el JNE debe derogar de inmediato la Resolución 038-2011.

Pd. Mi total solidaridad con el grupo de activistas del Movimiento Homosexual de Lima que fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional del Perú el día sábado en la Plaza de Armas.